Fiscalía General del Estado termina con 32 años de impunidad en el caso “Cañola”

BOLETÍN DE PRENSA FGE NO. 228-DC-2017

Fiscalía General del Estado termina con 32 años de impunidad en el caso Cañola

Quito, 22 de noviembre de 2017.-  A través de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado alcanzó justicia para el joven afrodescendiente Owel Cañola, al conseguir sentencia condenatoria de 12 años de prisión para 4 expolicías que integraron el Servicio de Investigación Criminal (SIC) de El Oro. El delito imputado es ejecución extrajudicial, declarado por los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Machala como grave violación a los DD. HH. e imprescriptible.

En la sentencia condenatoria, anunciada el martes 21 de noviembre en la noche, el Tribunal ordenó una reparación integral de USD 22.000 a la familia de la víctima; que la Policía Nacional (Comandancia de El Oro) ofrezca disculpas públicas y que entregue a los allegados un pergamino donde conste dicho acto.

En el desarrollo del juicio, litigado por el fiscal especializado en DD. HH., Ángel Cujilema Daga, dos de los procesados relataron la forma en que Owel Cañola fue ejecutado durante su detención y torturado por agentes del SIC, el 27 de febrero de 1985, al tratar de responsabilizarlo del robo de objetos personales. De esta manera se reveló la estrategia de encubrimiento del delito de los policías en aquel entonces:  la víctima murió linchada por el “populacho”, información que entregaron a la prensa local, en cuyas publicaciones Owel aparece como “delincuente”.

En este fallo judicial también se declaró la existencia de ‘cosa juzgada fraudulenta’, significa que al dictarse sentencia condenatoria se deja sin validez la decisión del Juez Tercero de lo Penal de El Oro, José Coronel, de mayo de 1987 quien absolvió a dos de los agentes procesados porque afirmaron que Owel fue linchado y mostraron como prueba las publicaciones de prensa.

Ejecución extrajudicial es una violación a los derechos fundamentales, consiste en el homicidio de una persona de forma premeditada, por parte de un servidor público quien se apoya en sus funciones como integrante del aparato estatal para justificar el crimen, según el derecho internacional en materia de DDHH.

 

ACV.

 

 

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