La investigación se inició con base en una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se informaba sobre una irregular distribución y comercialización de combustibles, que provocaría un perjuicio al Estado ecuatoriano, por cuanto existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas.
Cinco personas naturales (Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T.) y cinco jurídicas (Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum e Indudiesel) son procesadas por presunto almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
Con base en los elementos de convicción recabados, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción estableció la existencia de la relación de las empresas investigadas con otras distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron grandes cantidades de combustible, sobre todo diésel. En dichas transacciones, se hallaron presuntas irregularidades.
Varias de las estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas y mineras, por lo cual, se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio.
En uno de los casos señalados, una estación de venta de combustible adquirió más de 7 millones de galones, cuando la misma tiene una capacidad de almacenamiento para cerca de 10.000 galones. Esta información fue reportada en un informe emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
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