La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016.
Mediante Decreto Ejecutivo 1004, se crea el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, con la finalidad de ejecutar la construcción y reconstrucción de infraestructura necesaria para mitigar los efectos del terremoto, y de implementar planes, programas, acciones y políticas públicas para la reactivación, producción y de empleo en las zonas afectadas.
Se expide la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto, que contempla la recaudación de contribuciones solidarias de personas naturales bajo relación de dependencia, personas jurídicas, organismos y empresas del sector público y privado; es decir, todos los ecuatorianos.
Fiscalía recibe una denuncia, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (T), sobre hechos relacionados al abuso de dineros públicos, utilizando fondos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto.
Fiscalía recibe un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, como parte de un examen especial a los contratos suscritos para la Construcción del Parque Las Vegas, ubicado en Portoviejo; y, la Construcción del proyecto tramo Acceso al Puerto de Manta, redondel del Imperio Colisa, cuyo financiamiento provino de los fondos de Ley de Solidaridad, que eran específicos para enfrentar las consecuencias del terremoto.
Fiscalía recibe una nueva denuncia, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por el presunto delito de delincuencia organizada, mencionando la reunión que se llevó a cabo el 22 de mayo de 2017 –entre el expresidente del Comité para la Reconstrucción, Jorge G.; Carlos B., en calidad de secretario del Comité; que contó con la presencia del gerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, Pablo O.–, en la cual se priorizaron 584 proyectos sin un sustento técnico que evidenciara la finalidad emergente de reconstrucción, construcción o de reactivación productiva de las zonas afectas por el terremoto.
Una vez que Fiscalía revisa y analiza la conexión de los hechos (con las denuncias presentadas por el CPCCS y el informe de la CGE), se unifica el expediente fiscal, para que siga la investigación.
Fiscalía solicita fecha y hora para formular cargos contra el expresidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, Jorge G., y los exfuncionarios públicos Carlos B. y Pablo O. por su presunta participación en el delito de peculado.
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La Fiscalía General del Estado formula cargos contra Jorge G., exvicepresidente de la República y expresidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva; Carlos B., exsecretario Técnico del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva; y, Pablo O., exgerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico; por su presunta participación en el delito de peculado.
El Juez de la causa dicta prisión preventiva para Jorge G. y Carlos B., y la retención, inmovilización y congelamiento de las cuentas que los procesados mantengan en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenar bienes por 122’492.990,76 dólares a cada uno.
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Por unanimidad, Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declara improcedente el pedido de apelación a la prisión preventiva efectuado por el exvicepresidente de la República, Jorge G., procesado por presunto peculado.
El recurso también había sido presentado por Carlos B. Sin embargo, el Tribunal declara el abandono, según lo dispone el numeral 8 del artículo 652 del COIP, debido a la falta de comparecencia del recurrente (también procesado).
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Fiscalía vincula a seis personas más a la investigación por presunto peculado, cometido en el contexto de la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de abril de 2016. Hasta el momento son nueve procesados en esta causa.
Juez dicta prisión preventiva para Walter Hipólito S., exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), y presentaciones periódicas para Boris Sebastián C., exministro de Transporte y Obras Públicas; Franklin José B. y Omar Wilfrido Ch., exsubsecretarios zonales del MTOP; Víctor Salvador J., exdirector de Inmobiliar; y, Milton Daniel M., exdirector del Secob.
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Se instala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra nueve procesados por presunto peculado, entre ellos el exvicepresidente de la República, Jorge G.
Tras el terremoto de 2016, la Ley Solidaria recaudó más de 1.600 millones de dólares para reconstrucción y reactivación económica. Los procesados habrían desviado fondos a proyectos ajenos a la emergencia, evidenciando abuso de recursos públicos.
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Juez de la causa declara la validez de todo lo actuado por la Fiscalía General del Estado e inicia la exposición del dictamen acusatorio por parte de la Institución.
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Se reinstala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 9 procesados por presunto peculado.
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Se reinstala la audiencia preparatoria de juicio. Con la presentación del dictamen acusatorio y el anuncio de su prueba, Fiscalía concluye su intervención.
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Se reinstala la audiencia preparatoria de juicio por presunto peculado contra nueve procesados, entre ellos el exvicepresidente Jorge G.
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Se reinstala la audiencia preparatoria de juicio contra nueve procesados. Fiscalía los investiga por presunto peculado.
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Con base en el dictamen acusatorio presentado por Fiscalía, el Juez de la causa llama a juicio a Jorge G. E. y Carlos B. A. como autores directos del delito de peculado, y dicta auto de sobreseimiento a favor de los otros siete procesados.
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No se instala la audiencia de juicio por presunto peculado contra Jorge G. y Carlos B. El Tribunal concedió un plazo adicional para la presentación de la pericia psiquiátrica practicada a Jorge G., a solicitud de su defensa.
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Se instala la audiencia de apelación al auto de sobreseimiento dictado a favor de siete procesados por presunto peculado. Fiscalía solicita que se revoque dicha decisión.
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Inicia la audiencia de juicio por presunto peculado. Fiscalía presenta su alegato de apertura.
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Se instala el cuarto día de audiencia de juicio. Fiscalía concluye con la presentación de sus pruebas testimoniales, periciales y documentales.
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En el quinto día de audiencia de juicio, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, presenta su alegato de cierre.
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Se instala la audiencia de apelación al auto de sobreseimiento dictado a favor de siete procesados por presunto peculado.
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Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentencia al exvicepresidente de la República, Jorge G. E., y a Carlos B. A. a trece años de pena privativa de la libertad, en calidad de coautores del delito de peculado.
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